I. Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente.
(Algunas ayudas al trabajo: Contasimple, 3Presupuestos, HP, iPhone 6s, Huawei, iPad Pro, One Plus, IKEA, WAK, Toshiba, Lenovo)
1. Innovación, empresas y autónomos.
2. Mercados e instituciones inclusivas para la igualdad de oportunidades.
3. Transición energética y lucha contra el cambio climático.
4. Finanzas públicas.
Hoy hablamos del apartado I.4, que dice:
4. Finanzas públicas.
España tiene un problema de déficit de las administraciones públicas. En 2015, el déficit fue uno de los más elevados de toda la Unión Europea, muy lejos del objetivo acordado con Bruselas. Además, el nivel de endeudamiento público se ha disparado en la pasada legislatura hasta alcanzar el 100% del PIB.
El nuevo gobierno se muestra comprometido de forma inequívoca con la estabilidad presupuestaria. Pero la consolidación de las cuentas públicas no se puede hacer a costa de reducir aún más nuestros niveles de bienestar, por lo que no se llevará a cabo ningún recorte de gasto social. Tras años de austeridad que han deteriorado los servicios públicos fundamentales, se compromete a blindar los derechos sociales en la Constitución, elevándolos a derechos fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente.
La recaudación fiscal en nuestro país es una de las más bajas de la Unión Europea y está muy concentrada sobre pocos contribuyentes y bases imponibles estrechas. Como consecuencia, el sostenimiento del estado del bienestar recae en buena medida sobre las rentas del trabajo, fundamentalmente medias y bajas. Por todo ello, el nuevo gobierno propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. La mejora en los ingresos se logrará también ensanchando las bases imponibles, mejorando la eficiencia recaudatoria, simplificando el sistema y combatiendo decididamente al fraude y la evasión fiscal.
Se configurará así una fiscalidad más justa, en la que la contribución de cada ciudadano se realice de acuerdo a su capacidad de pago, tal y como establece la Constitución. Al tiempo, las reformas fiscales promoverán la transición hacia un nuevo modelo económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación, frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación, la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.
Junto a reformas en el ámbito tributario, la consolidación fiscal debe ir acompañada de medidas por el lado del gasto público que permitan mejorar la eficiencia y la reducción de duplicidades, burocracia y gasto superfluo.
En base a estos principios y objetivos, el nuevo gobierno se compromete a:
Estabilidad presupuestaria y compromisos con la UE
Mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
Cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura.
La senda concreta de reducción del déficit público se acordará con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas heredadas del actual gobierno. Será necesario conocer la liquidación final del déficit de 2015, que
presumiblemente presentará una importante desviación, especialmente las cuentas de la Seguridad Social y las CCAA.
Gasto publico
Mejorar la eficiencia en el gasto público a través de la eliminación de duplicidades administrativas. Se llevará a cabo una revisión integral e independiente del gasto (spending review), siguiendo las mejores prácticas internacionales, para mejorar su
eficiencia, limitar las inercias e identificar gasto superfluo.
Potenciar la evaluación de los programas de gasto público, para lo que se reforzará la independencia y recursos de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL).
Asegurar la total independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que dejará de depender, a efectos organizativos, del Ministerio de Hacienda y estará dotada de un presupuesto propio y estable.
Ingresos Públicos
Reforma integral del sistema tributario. El nuevo gobierno nombrará una Comisión de Expertos, que estudie y presente una propuesta concreta sobre cómo mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la tributación de la riqueza. Las conclusiones de dicha Comisión deberán estar listas para su incorporación en los presupuestos de 2017.
Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro.
Reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos.
Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.
Crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia Tributaria.
Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado. De esta forma se terminará con la competencia en ambos impuestos por parte de las CCAA que provoca, en la práctica, su vaciamiento, sin penalizar a la clase media, que quedará exenta de ambos gravámenes.
Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un
impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.
Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Se aprobarán, entre otras, las siguientes medidas:
o Aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su autonomía y profesionalidad, evitando las injerencias políticas. Se aumentarán los medios materiales y humanos de la AEAT.
o Reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.
o Eliminar el régimen de ETVE y revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir en la misma a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración Tributaria Española.
o Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
o Exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.
o Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, y reforzar su control para evitar el fraude en las mismas.
o Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes.
o Liderar de forma activa en la UE, OCDE y cualquier ámbito internacional, una agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalidad europea e internacional, y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales.
o Exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.
o Aumentar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude en sectores y áreas específicos.
o Aprobar una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la precariedad, que refuerce la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales, favorezca la disuasión ante las infracciones e incentive el cumplimiento de la normativa.
o Limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1000 euros. Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 25 euros a través de tarjeta de crédito.
(Banca y Seguros: BBVA, Caser, Mutua Madrileña, Linea Directa, Openbank, Evo Banco, OPENBANK)
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