Las personas a las que el Gobierno encargó un informe sobre la reforma de las pensiones se cogen una prórroga ante el no consenso sobre las mismas

(El grupo de 12 expertos designados por el Gobierno, junto a los responsables del Ministerio de Empleo el día que se constituyó la comisión, el pasado 25 de abril. Desde la izquierda: José Luis Tortuero, Miguel Ángel García, José Ignacio Conde-Ruiz, Mercedes Ayuso, Miguel Ángel Vázquez, Francisco Castellano, Manuel Lagares, Tomás Burgos (secretario de Estado de la Seguridad Social), Fátima Báñez (ministra de Empleo y Seguridad Social), Víctor Pérez Díaz (presidente del comité), José Enrique Devesa, José María Marín, Rafael Doménech y Santos Ruesga. / chema moya  (efe)

Según artículo de El País en la sección de economía, de Manuel V. Gómez, Madrid,  del 28 de mayo de 2013, se dice:


El trabajo de expertos a los que el Gobierno encargó un informe sobre la próxima reforma de pensiones corre serio riesgo de acabar sin consenso. Ayer, día marcado para la última reunión, no fue posible lograrlo, así que decidieron darse más tiempo. A la reunión se llegó con las cartas bocarriba. Una amplia mayoría se decantaba por proponer al Gobierno un factor de sostenibilidad —el objetivo de la reforma— que contenga una doble fórmula de ahorro en el gasto en pensiones: una para calcular la cuantía de las nuevas pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida y otra para ligar la actualización anual de las prestaciones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social desvinculándolo de la marcha de los precios. Pero hay una minoría que no comparte este planteamiento, apuntan varias fuentes, y ayer no fue posible acercar posturas.

Las discrepancias entre unos y otros comienzan incluso en el punto de partida de los trabajos. Para la mayoría —nueve de los 12 integrantes del grupo— que asume el informe “provisional” elaborado por la Presidencia, en torno al que ayer giraban las discusiones, el sistema de pensiones no “tiene asegurado el equilibrio presupuestario” y se enfrenta a graves problemas (tanto demográficos como económicos). Discrepa en este punto, la posición de Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada propuesto por el PSOE para formar parte del Comité, quien argumenta que “no hay necesidad inmediata” de esta reforma, ya que primero hay que ver cómo está funcionando la aprobada en 2011, que prevé retrasar la edad de jubilación a los 67 años paulatinamente hasta 2027.

La posición de Ruesga la apoyaba ayer José Luis Tortuero, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social, también propuesto por el PSOE. Los argumentos de Tortuero, y también los de Ruesga, lamentan el escaso tiempo que han tenido para elaborar el informe. El tercer voto discrepante es el de Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios de CC OO, señalan varias fuentes. Aunque sus argumentos no trascendieron.

Ante la imposibilidad de consensuar un documento y tras una reunión más larga de lo habitual, los expertos quedaron en verse otra vez durante esta semana, sin precisar cuando. Aunque el plazo dado por el Ejecutivo acaba esta semana.

En principio, la reunión de ayer iba a ser la última. De ella tenían que salir las conclusiones finales del documento que será remitido al Ejecutivo. Cerrada esta fase, el Ministerio de Empleo se ha comprometido a enviar el informe al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y a los agentes sociales para iniciar las conversaciones.

La existencia de posiciones enfrentadas era algo que se vio desde hace un mes. Unos apostaban por un sistema similar al sueco (todo lo cotizado se acumula en una hucha ficticia), algo que supondría un cambio radical del sistema actual. Otros, en cambio, veían que primero hay que analizar las consecuencias de la reforma que ha comenzado a aplicarse este año, pese a que se aprobó en 2011. El choque era lógico por la composición de la comisión. Frente a la procedencia de los tres ya citados, está Miguel Ángel Vázquez, jefe del servicio de estudios de Unespa, la patronal de las aseguradoras, y dos colaboradores habituales de esta organización: el catedrático en Sociología Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech, del servicio de estudios de BBVA. Junto a ellos, se sitúan profesor de Economía José Ignacio Conde-Ruiz, miembro de un grupo asesor de la aseguradora Aviva, y Manuel Lagares, consejero de Mapfre.

Uno de los argumentos discrepantes es que, al proponer una doble vía de ahorro en el sistema, el grupo excede el mandato que les da la ley. Argumentan el decreto de su nombramiento y la reforma de 2011, la que abre la puerta al factor de sostenibilidad, establecen que este factor tiene que consistir en una fórmula que modificara los parámetros del sistema según la esperanza de vida. En cambio, en el informe que se abría paso ayer entre la mayoría hay una doble vía: la de la ley de hace dos años y otra nueva que supondría vincular la actualización de las pensiones a los ingresos y gastos de la Seguridad Social, y que afectaría también a los jubilados actuales. Sin embargo, el informe provisional señala que “por razones de justicia y prudencia el factor de sostenibilidad debe aplicarse a los jubilados actuales y a los futuros en grados y bajo modalidades distintas”.

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Marina Moscad Caldentey

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